La norma que rige el tema es tímida y laxa
frente a las recomendaciones de la OMS.
Foto: Carlos Ortega y Rodrigo Sepúlveda / EL
TIEMPO
Una densa nube de color gris cubre a Bogotá
como consecuencia de la contaminación. Imagen tomada con el dron de EL TIEMPO.
El pasado 16 de marzo, el ministro de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, anunció que Colombia adoptaría
como normas nacionales sobre calidad del aire las que recomienda la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos lineamientos de la OMS, que
buscan asegurar un aire limpio y saludable para la población, fueron
actualizados en 2005 porque en ese momento se habían acumulado nuevas
evidencias científicas sobre la relación entre los contaminantes del aire y sus
impactos sobre la salud humana.
Estas recomendaciones pretenden reducir la
carga de enfermedad y la mortalidad prematura. Un país que las adopte y lleve a
cabo las acciones necesarias para cumplirlas, manifiesta su compromiso con la
salud pública y con el desarrollo limpio y responsable. Por eso, el anuncio del
ministro es acertado, pues expresa la intención de avanzar en un ambiente sano
para los colombianos.
En su actualización, la OMS decidió reducir
la concentración recomendada de material particulado, óxidos de nitrógeno,
óxidos de azufre y ozono. El más importante para las condiciones colombianas es
el material particulado, para el cual se usan comúnmente dos medidas: PM10 y
PM2,5.
Para el PM10 (que incluye partículas finas y
gruesas, de tamaño menor de 10 micrómetros), la OMS recomendó fijar la
concentración de referencia en 20 µg/m3 (microgramos por cada metro cúbico de
aire) como promedio de las mediciones de un año. Para el PM2,5, que solo
incluye las partículas finas (aquellas de tamaño menor de 2,5 micras),
recomendó un promedio anual de 10 µg/m3.
Estos niveles están relacionados con los
efectos crónicos de este contaminante, es decir, con los efectos que se
presentan tras largos tiempos de exposición. El propósito de estos límites es
tener una buena calidad del aire para la gran mayoría de la población (no se ha
encontrado un nivel seguro para toda la población) y reducir los riesgos de
enfermedad y mortalidad por enfermedades respiratorias, cardiovasculares,
cáncer y otras. La adopción de estos nuevos niveles motivaría el mejoramiento
de las actividades rutinarias de seguimiento a fuentes de contaminación y la
adopción de planes de prevención y reducción de emisiones a largo plazo.
Por otro lado, la OMS fijó también los
niveles máximos de concentración que podrían alcanzarse en un periodo de 24
horas, relacionados con los impactos de los episodios de alta o muy alta
contaminación que se presentan especialmente sobre las personas más sensibles
(niños, ancianos, mujeres embarazadas, pacientes con condiciones o enfermedades
respiratorias o cardiovasculares ya existentes), en 50 µg/m3 para PM10 y 25
µg/m3 para PM2,5.
Estos episodios no deberían presentarse con
frecuencia y debería haber un número límite de excedencias, como ocurre en la
legislación europea, donde, por ejemplo, el número de días con excedencia de
este tipo de norma debería ser inferior a 35 cada año. La ocurrencia de
excedencias debería llevar a medidas inmediatas de precaución por parte de los
pobladores, y en casos críticos, daría pie a situaciones de alerta o
emergencia, bajo las cuales las autoridades podrían detener la operación de las
fuentes de emisiones más importantes.
En estos casos, adoptar las recomendaciones
de la OMS significa que las autoridades deberían aumentar su capacidad de
comunicación masiva, respuesta rápida y claridad en la identificación de las
fuentes que más contribuyen a la contaminación del aire, para reducir o detener
su operación si resulta ser necesario.
Medición conveniente
La norma actual de calidad del aire de
Colombia fue establecida en la Resolución 601 del 2006, que fue un avance
importante con respecto a la legislación anterior, que ya tenía 24 años de
vigencia. Pero curiosamente –y a pesar de haber sido emitida después de
conocerse los lineamientos de la OMS– la Resolución 061 no los adoptó, sino que
fijó una meta intermedia tímida y muy laxa en comparación con los límites
recomendados.
Primero mantuvo el nivel de 70 µg/m3, lo redujo
a 60 µg/m3 en el 2009 y finalmente a 50 µg/m3 en el 2011, sin reducciones
posteriores. Se perdió, por lo tanto, una oportunidad única para fijar un plan
mucho más decidido de adopción de los lineamientos, que obligara a los
gobiernos locales y regionales, representados en las corporaciones autónomas
regionales (CAR y Secretarías de Ambiente) a diseñar planes más eficaces para
prevenir y reducir las emisiones de las fuentes que operan en sus respectivas
jurisdicciones.
Once años después se ha podido observar que
las autoridades ambientales se contentan cuando las mediciones cumplen las
normas nacionales y afirman ante los medios que en su jurisdicción la calidad
del aire es buena y que no existen problemas de contaminación, cuando en la
realidad están cumpliendo una norma mucho más laxa que la recomendada por la
OMS.
Hay, entonces, un divorcio entre el optimismo
de la autoridad ambiental y el descontento de la ciudadanía, que sigue viendo a
diario manchas de esmog sobre sus ciudades, buses y camiones, así como
chimeneas con emisiones aterradoras y quemas ilegales que quedan en la
impunidad.
Ese divorcio entre gobernantes y gobernados
se arreglaría con la adopción de límites más exigentes, pues las autoridades ya
no podrían salir del paso con afirmaciones ligeras, sino que estarían obligadas
a aceptar que la calidad del aire no es la deseable y que deben trabajar de
manera mucho más incisiva sobre las fuentes de emisión.
El caso de Bogotá es un buen ejemplo de la
necesidad de adoptar las recomendaciones de la OMS. Las concentraciones de PM10
desde 1997, el año en que inició operaciones la red de monitoreo de calidad del
aire a cargo del entonces Departamento Administrativo de Medio Ambiente (Dama),
aumentaron sin pausa hasta un promedio anual de 74 µg/m3, que a su vez era el
promedio de las diversas estaciones de monitoreo de la ciudad, en 2005.
Sin embargo, en la zona suroccidental, que
siempre ha sido la más contaminada, se registraban en ese entonces promedios
anuales de concentración que podían rondar los 100 µg/m3, cuando la norma
nacional vigente era de 70 µg/m3. Gracias a las mediciones, el Dama identificó
este problema creciente y empezó a tomar acciones para reducir emisiones
industriales y vehiculares. En 2008, la ciudad firmó con Ecopetrol el Pacto por
un Aire Limpio.
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