La Colombia rural está desapareciendo. Un estudio reciente del
Departamento Nacional de Planeación —DNP— señala que el 78 por ciento de la
población se concentra en centros urbanos. En 20 años, el 83 por ciento estará
viviendo municipios o ciudades. En 35 años, el porcentaje ascenderá al 86 por
ciento.
De estas cifras se desprenden otras tres que han generado
preocupación en el Gobierno: el 52,5 por ciento de la población urbana, dice el
informe, “se encuentra en áreas con escasez de oferta hídrica”; el 33 por
ciento de la población “está en riesgo de ser afectada por deslizamientos y el
48 por ciento por inundaciones”. Con fenómenos como el cambio climático estas
cifras podrían aumentar.
El Gobierno Nacional dejó en manos del DNP la formulación de
estrategias para prevenir futuros problemas como sequías, deslizamientos e
inundaciones. En su informe, el DNP señala que para finales de este año 916
municipios (de 1.102 que existen en el país) deberán formular nuevos Planes de
Ordenamiento Territorial para adaptarse a las condiciones ambientales del
presente. De hecho, actualmente solo el tres por ciento de los municipios tiene
estudios sobre amenazas y riesgos naturales.
“La gran mayoría de los Planes de Ordenamiento Territorial —POT—
se crearon a comienzos de la década pasada, y hoy tenemos retos como el
posconflicto, la adaptación al cambio climático, la dinámica demográfica.
Diversos análisis nos han permitido concluir que las administraciones no han
logrado con éxito ni corregir las fallas de estos instrumentos ni, aún más
grave, aprovecharlos como verdaderos instrumentos de planificación del
territorio”, le dijo a EL COLOMBIANOSimón Gaviria,
director del DNP.
Rezagados en planeación
En el país existen cuatro instrumentos importantes de
planeación: Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), para municipios con
menos de 30.000 habitantes; Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT);
para municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes; Planes de Ordenamiento
Territorial (POT), formulados en municipios de más de 100.000 habitantes, y
Planes de Ordenamiento Departamental (POD).
La actualización de estos instrumentos está en veremos por
varias razones. Una de ellas, según el informe, es que “los municipios no
tienen los recursos ni la capacidad técnica para adelantar la actualización del
POT”. Es más, muchos ni siquiera tienen “las capacidades para acceder a la
información necesaria para cumplir con la actualización”.
Las actualizaciones que se han presentado hasta el momento no
han cumplido con lo esperado. El informe señala que el 60 por ciento de los
planes no tienen en cuenta los usos agrícolas, ganaderos y forestales. Solamente
el 3 por ciento contempla estrategias y programas rurales. Estas son otras
observaciones que hace el DNP: “el 60 por ciento de los planes definieron
inadecuadamente su perímetro urbano, sin esto, la provisión de servicios
públicos e infraestructura es deficiente”. Además, los municipios no tuvieron
en cuenta instrumentos como plusvalía o valorización para obtener ingresos.
Bucaramanga, por ejemplo, recaudó 21 por ciento de sus ingresos a través de
estos instrumentos.
El panorama que entrega el director del DNP es desalentador:
“Los planes están desactualizados, no están articulados ni con los planes de
desarrollo y las inversiones de los mismos municipios, ni con los instrumentos
de planeación de los demás niveles de gobierno, tienen serias falencias
técnicas, y no están posicionados como instrumentos de gerencia pública”.
En detalle
La Gobernación de Antioquia es consciente de las dificultades
que se han presentado para actualizar los POT. De acuerdo con la Contraloría
departamental, el 68 por ciento de los planes territoriales en Antioquia están
desactualizados. Si bien el Departamento Administrativo de Planeación de
Antioquia ha brindado asesoría técnica, “algunos planes han sido actualizados
sin atender debidamente los marcos normativos vigentes, ni han seguido el paso
a paso que implica la revisión hasta el ajuste que se aprueba ya sea por
Acuerdo o Decreto en algunos casos”, explica Ana
Catalina Vanegas, directora de Planeación estratégica en la Gobernación.
Muchos municipios, cuenta Vanegas, ajustan sus planes a partir
de “presiones inmobiliarias, expectativas de proyectos estratégicos y
disposiciones de orden nacional como la expedición de licencias para
exploración y explotación minera. Se requiere un alto compromiso técnico y
jurídico por parte de las administraciones municipales”.
La Gobernación actual no se ha quedado con los brazos cruzados.
En lo que tiene que ver con planes de ordenamiento departamental, formuló unas
directrices para crear un ordenamiento territorial para los municipios del
Urabá antioqueño. Esto con el fin de articular los planes con los megaproyectos
viales y portuarios.
El POT de Bogotá, decretado por el alcalde Gustavo
Petro, fue
suspendido por el Consejo de Estado. La capital está en mora de nuevas
políticas de ordenamiento territorial. Octavio
Fajardo, subsecretario
de Planeación socioeconómica de Bogotá, señala que lo más importante es
sostener cuatro pilares.
“Garantizar el equilibrio entre el espacio construido y el
espacio público; garantizar el equilibrio entre la densidad de población y los
equipamentos de soporte que esa población necesita para recrearse, ser atendida
en salud, educación, entre otros. En tercer lugar, es indispensable que los POT
tengan un criterio de sostenibilidad ambiental, que la forma de ocupar el
territorio sea compatible con la viabilidad de los servicios ambientales. En
cuarto lugar, es indispensable que el POT sea diseñado en concordancia con los
municipios vecinos”.
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