ANI e Invías disponen de casi 33.000 bienes
para construir 7.600 km. Normatividad agilizó entregas.
Foto: Archivo / EL TIEMPO
La Nación ya cuenta con 32.993 predios para
que se puedan hacer los proyectos de infraestructura para el transporte.
La compra y entrega de predios para hacer
vías, puentes, túneles y viaductos en el país ya no son un lío de marca mayor
que impedía o retrasaba, como antes, el inicio o la terminación de las obras.
Hasta hace tres años, al Estado se le
dificultaba disponer de la mitad y hasta una tercera parte de los inmuebles
requeridos para ejecutar esos trabajos.
Hoy, la Nación, a través de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), ha
logrado que concesionarios y contratistas puedan contar al menos con 8 de cada
10 inmuebles que necesitan para empezar un proyecto vial.
Según los últimos reportes de gestión predial
de la ANI y el Invías, para construir más de 7.600 kilómetros de carreteras,
puentes, túneles, viaductos y rehabilitar corredores, contemplados en los 114
proyectos viales que las dos entidades ejecutan actualmente en Colombia, se
deben adquirir alrededor de 38.001 predios: 31.612 por la ANI y 6.389 por el
Invías.
Los
predios disponibles
De los 38.001 inmuebles requeridos, el Estado
ha comprado 15.012 (los tiene escriturados) y puede disponer de otros 17.981
(hay acuerdo entre dueño y Nación para la entrega del inmueble o hay promesa de
compraventa).
En otras palabras, la Nación ya cuenta con
32.993 predios (86,82 por ciento del total de los requeridos), para que se
puedan hacer los proyectos de infraestructura para el transporte, un porcentaje
que se ha considerado récord.
Los 38.001 predios tienen un valor estimado
de 2,02 billones de pesos, de acuerdo con los proyectos de estructuración y contratos.
Es un costo que puede aumentar, por actualización de precios del mercado,
valores catastrales o sentencias judiciales.
En trámite de expropiación hay, además, 903
inmuebles: 887 demandados por la ANI y las 16 restantes, por el Invías.
El nuevo panorama favorable que presenta la
gestión predial para proyectos viales se debe a la ley de infraestructura,
expedida en noviembre del 2013. Esta recortó los tiempos para la compra,
proceso judicial de expropiación y entrega de predios en el país.
“En muchas ocasiones –dijo el vicepresidente
Germán Vargas Lleras– los propietarios de inmuebles o franjas de terreno
destinados a la infraestructura no están conformes con las ofertas oficiales
basadas en los avalúos vigentes, y se inician procesos dilatorios que afectan
el avance de las obras. Con la ley de infraestructura se agilizan los procesos
de adquisición de estos inmuebles”.
El director del Instituto Nacional de Vías
(Invías), Carlos Alberto García, a su vez, manifestó que esta ley “dio una gran
herramienta para facilitar, sobre todo, los trámites de expropiación”.
Puso como ejemplo un predio que era
indispensable para construir los accesos a un puente en el municipio de San
Marcos (Sucre) que se había construido desde el 2012 y no los tenía. Pero su
dueño se negó a negociar por valor con el instituto, por lo cual la entidad
tuvo que interponer la demanda de expropiación.
Pasaron tres años sin que la justicia
resolviera el asunto. Con la nueva ley, el Invías pudo conseguir, finalmente,
que el inmueble se expropiara en el término de cuatro meses. “Ahora se podrán
hacer los accesos definitivos, y el puente entrará en operación este año”,
expresó García.
Los
tropiezos
Concesionarios como los gerentes de
Autopistas de la Sabana, Salomón Niño, y de Autopistas del Sol, Hugo Kerguelen,
coincidieron también en señalar que la nueva ley ha tenido un impacto positivo
en la gestión predial para infraestructura del transporte.
Sin embargo, ni la Nación ni las firmas
constructoras pueden contar con el ciento por ciento de los predios, porque hay
hechos que aún dificultan su entrega.
El vicepresidente de Planeación, Riesgo y
Entorno de la ANI, Jaime García, explicó que entre esas dificultades están las
consultas previas, adjudicación de baldíos, entrega de predios en extinción de
dominio, procesos de restitución de tierras, la congestión de los despachos
judiciales y las oficinas de registro.
Uno de los problemas con los que funcionarios
y contratistas más se han tropezado en la gestión predial tiene que ver con el
aspecto jurídico: dueños que se presentan como propietarios de un inmueble,
pero que no pueden comprobar legalmente la titularidad del bien.
También entraban en los procesos de pronta
entrega las invasiones (difíciles de levantar porque representan también un
problema social) y los terrenos baldíos, cuyos trámites de adjudicación no se
pueden hacer, por ejemplo, en la actualidad.
La razón es que esta adjudicación la hacía
antes el liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). En su
reemplazo se creó la Agencia Nacional de Tierras, que hasta ahora está
organizándose.
Otro obstáculo se relaciona con los planes de
ordenamiento territorial (POT), que elevan los precios de los predios y al
Estado le imposibilitan la compra.
Uno de estos casos ocurrió con el proyecto de
la malla vial de Villavicencio. Un tramo de la perimetral de esta ciudad se
trazó por una zona declarada de expansión. Pero el pasado 30 de diciembre, en
esta ciudad se cambió el POT, y declaró esa misma zona como urbana, lo cual
disparó los costos de los predios que se necesitaban para esa parte de la obra,
y están imposibilitando no solo la compra de los terrenos, sino la ejecución,
en últimas, del proyecto.
Pero quizás lo que ha comenzado a encender
las alarmas de concesionarios y funcionarios que intervienen en la gestión
predial por el Estado –pues la plata para pagar los predios sale de la Nación–
son las actuaciones dilatorias de algunos abogados y jueces para entregar
predios en expropiación, y los desmedidos avalúos que peritos de juzgados están
fijando últimamente.
¿‘Conejo’
a la ley?
La mayoría de los jueces cumplen con la ley
de infraestructura, incluso colaboran con las autoridades para que los procesos
no queden arrumados y como expediente en el “turno 600 o 3.000, para resolver”,
coincidieron en señalar.
Sin embargo, hay quienes parecen estar
haciéndole conejo a la norma.
La nueva ley dice que los jueces deben
ordenar la entrega de los inmuebles declarados de utilidad pública e interés
social en un término improrrogable de 10 días hábiles, después de consignarse
el valor del avalúo. Pero hay quienes han burlado esos plazos.
El gerente Hugo Kerguelen subrayó que un juez
le demoró 9 meses la entrega de tres predios, lo que le retrasó el cronograma
de la construcción del tramo Cartagena-Turbaco-Arjona.
A Salomón Niño, otro juez tardó un año en
entregarle un terreno que le era vital en la concesión vial Córdoba-Sucre.
“Los abogados de los dueños de los predios
comenzaron a interponer toda suerte de recursos, para dilatar los tiempos de entrega”,
puntualizó.
Otro hecho preocupante es que unos juzgados
están también elevando desproporcionadamente los valores de los avalúos
efectuados por peritos, frente a los catastrales elaborados por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (Igac).
“Antes no teníamos tantos casos así. Ahora
jueces están ordenando pagos por valores hasta seis veces más altos que los
ofertados o acordados por la Nación”, comentó Niño.
Pese a las trabas y demoras judiciales en la
entrega de los predios, los proyectos de infraestructura vial se están
ejecutando de acuerdo con el cronograma previsto, aseguraron la ANI y el
Invías.
Gracias a la ley –agregaron–, hoy se cuenta
con el más alto número de predios disponibles para ejecutar las obras.
Los nuevos proyectos se inician con 40 % de
predios
Las concesiones de la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) establecen que la empresa pueda empezar la obra cuando
tenga el 40 % de los predios requeridos, en una longitud, para ello. Ese
porcentaje puede ser de terrenos comprados o con promesa de venta.
Una vez se firma el acta de inicio de las
obras viene la etapa de preconstrucción, en la que los constructores tienen un
año para hacer los diseños finales por donde irá la vía, priorizar los predios
a adquirir para la obra, y hacen las ofertas. La mayoría de las vías 4G se
hallan en esta etapa, por eso figuran solo con 534 predios disponibles. Una vez
hecha la oferta de compra, el dueño tiene 15 días hábiles para aceptar o
rechazar el valor del ofrecimiento. Si tras 30 días hábiles no hay acuerdo
entre las partes, sigue la expropiación.
Casos
que han servido de alerta
1. Precio elevado
Un terreno valorado por el Igac en $ 1.139
millones en Córdoba, el perito del juzgado lo tasó en $ 6.981 millones, con el
argumento del ‘uso’ del suelo.
2. Juez que se negó a expropiar
Un puente que el Invías contrató para hacer
en Honda se quedó sin los accesos porque un predio pertenecía a Víctor Carranza
y un juez de la ciudad se negó a expropiarlo. El caso se llevó aI Consejo
Superior de la Judicatura.
3. Predio con muchos dueños
En la ruta Caribe, uno de los predios que se
necesitaban para la obra vial valía solo $ 7 millones, pero no se pudo negociar
porque resultó con 330 dueños. La Nación no tuvo más remedio que demandar la
expropiación del inmueble.
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